Dos años de la Ley Estatal de Cooperación

Se cumplen dos años desde la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo, un hito legislativo que representa una oportunidad clave para que España refuerce su compromiso con los derechos humanos, la protección del planeta y la paz. A pesar de los avances normativos, el reto financiero sigue siendo el gran obstáculo: con un 0,24% de la Renta Nacional Bruta destinada a la Ayuda Oficial al Desarrollo, España está aún lejos del 0,7% que la Ley establece para 2030.

Según datos del Centre Delás el Estado Español ya supera el 2% en gasto militar; esto supone más de 27.000 millones de euros. Una cifra que contrasta con la destinada a cooperación que apenas alcanza un 0,24%; muy lejos de la media europea (0,51%) y aún muy distante de la que establece la Ley: 0,7% para 2030. La diferencia entre unos presupuestos y otros es escandalosa.

En un momento en el que la necesidad de medidas que garanticen vidas dignas es más urgente que nunca, España tiene la oportunidad de posicionarse como líder en la defensa de los derechos humanos y la paz. “Es hora de que España dé un paso al frente”, declara Javier Ruiz, presidente de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. “No podemos permitir que la falta de inversión ponga en riesgo la mejora de la vida de millones de personas. La cooperación no es un lujo, sino una inversión en estabilidad, derechos humanos y paz en un mundo cada vez más convulso”.

Consecuencias sobre la vida de millones de personas

Incumplir los compromisos tiene un impacto directo en la vida de las personas. Por ejemplo, si España alcanzara el 0,7% y destinara el 10% estipulado por ley a la acción humanitaria, el número de personas beneficiadas se multiplicaría por cinco. Esto significaría pasar del millón actual a casi cinco millones de personas que tendrían acceso a necesidades básicas como atención sanitaria, agua potable, alimentación o educación.

Por otra parte, en un contexto mundial en el que se alimenta la guerra, se cuestiona la emergencia climática y se recortan los derechos de las mujeres y las personas con identidades diversas, es crucial garantizar políticas coherentes con los enfoques feminista, ecologista y pacifista, tal como recoge la Ley. La Coordinadora recuerda que estos enfoques deben ser garantizados en la cooperación y en toda la acción exterior del Estado para asegurar que los derechos humanos no se tiran por la borda.

Responsabilidad compartida

El Gobierno estatal debe hacer los deberes de manera urgente, pero también las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. En múltiples territorios se están produciendo recortes muy importantes que ya están afectando a la continuidad de numerosos proyectos y, por tanto, a la vida de miles de personas. Actualmente, la media de inversión autonómica en cooperación es de solo el 0,12%. La Coordinadora insiste en que esta cifra debe crecer hasta alcanzar al menos el 0,3% en 2027, lo que supondría un aporte de 400 millones de euros adicionales.

Sevilla acogerá la IV Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo a finales de junio. Una oportunidad para pasar de las palabras a los hechos, revisar la arquitectura financiera internacional y movilizar los recursos necesarios para responder a los enormes retos que enfrentamos como humanidad. La Coordinadora recuerda que España, como anfitriona, debe predicar con el ejemplo.