Perú enfrenta una grave crisis política y un preocupante incremento de la violencia. La destitución y posterior detención del presidente Pedro Castillo ha generado rechazo en sectores populares iniciando un ciclo de movilizaciones sociales en las calles que están siendo duramente reprimidas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La represión policial ha dejado, al menos, 28 fallecidos en todo el territorio peruano, muchos de los cuales eran adolescentes de entre 15 y 19 años que trabajaban en actividades agrícolas o en la construcción para mantener a sus familias. Lejos de buscar responsables, el país andino ha sido militarizado y está bajo estado de emergencia. Perú Libre ha denunciado por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la presidenta de facto de Perú, Dina Boluarte, y al nuevo primer ministro, Alberto Otárola.
En las calles la gente reclama la disolución del Congreso, nuevas elecciones y una nueva Constitución, convocatoria a un proceso constituyente y la libertad de Pedro Castillo- Estas demandas constituyen un punto de inflexión que muestran la necesidad de defender la democracia como sistema político que responda a los intereses de las mayorías.
Desde CODOPA expresamos nuestra profunda preocupación por estos acontecimientos y condenamos el uso excesivo de la fuerza a manos de las autoridades peruanas para responder a las manifestaciones que se extienden en el país, donde existe “un contexto de violación de derechos humanos” estipulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal.
- Exigimos sean garantizados los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión con el fin de proteger los derechos humanos y prevenir más violencia, usando los medios legales y proporcionales necesarios para restablecer la seguridad ciudadana.
- Exhortamos a las autoridades peruanas a buscar diálogo y poner los derechos humanos como eje central de su respuesta a la crisis.
- Instamos al Estado peruano al cese de la represión brutal contra manifestantes y que sean escuchadas y respetadas las demandas ciudadanas.
España tiene excelentes relaciones comerciales con Perú, de donde las empresas siguen obteniendo grandes beneficios, al tiempo que también se están vendiendo materiales antidisturbios que se están usando contra la población.
Los derechos humanos deben estar por encima de cualquier interés político. La salida a esta crisis no puede implicar más violencia. Las autoridades deben anteponer la protección de la población sobre cualquier interés político.
Ana Suárez González
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