Queremos hacer llegar al Gobierno nuestra indignación por las graves consecuencias que la política migratoria está teniendo en la vulneración de derechos humanos
Desde el año 2014, más de 20.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo tratando de alcanzar el continente europeo. Diferentes mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han señalado que la actual política migratoria de los países europeos es corresponsable de todas estas muertes.
Lo que está ocurriendo en Canarias muestra las dramáticas consecuencias de las políticas de disuasión, militarización y externalización de fronteras que se están llevando a cabo, provocan que las personas que huyen de sus países por conflictos violentos, hambre o la pobreza crónica realicen travesías cada vez más largas e inseguras.
El Plan Canarias, con la apertura de macrocentros con condiciones higiénico-sanitarias preocupantes y sin garantías de acogida digna, el bloqueo de miles de personas en las islas a las que se les impide continuar su proyecto migratorio y el impacto social de esta situación, aprovechada por quienes difunden los discursos de odio que criminalizan a las personas migrantes, resulta un fracaso en un marco de respeto de derechos.
No hay excusas. Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. El Gobierno debe rectificar de forma urgente e inmediata la política migratoria para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Ana Suárez González
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