Nicaragua: deterioro de la situación política y de derechos humanos en el país

La Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA) está constituida actualmente por cerca de 40 ONGD, muchas de las cuales cooperan con Nicaragua desde hace años; nos une, por lo tanto, un vínculo histórico con este país latinoamericano.

La deriva autoritaria del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo a medida que se acercan las elecciones de noviembre va endureciéndose, con una insólita ley que permite detener y encarcelar a toda persona a la que se acuse de ser traidora a la patria, por reunirse, manifestarse, expresarse, o tener contactos con el extranjero. En las últimas semanas se multiplican las detenciones de opositoras/es al régimen con el fin de debilitar e incluso anular sus opciones electorales. Escasas son las diferencias con los tiempos en los que el presidente dictatorial era Somoza. Las personas opositoras al gobierno son detenidas sin garantías procesales, y las detenciones pueden prolongarse hasta 90 días antes de ser llevadas ante un juez.

Desde CODOPA observamos con profunda preocupación estos acontecimientos sobre la base de que:

- El Estado de Nicaragua tiene el compromiso internacional de respetar los Derechos Humanos, y su gobierno es responsable de preservar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de su ciudadanía, sean o no simpatizantes políticos, de conformidad con el derecho internacional y su propia constitución.

- Asistimos a un divorcio total entre el régimen de los Ortega-Murillo y la democracia. Controlan las armas, la policía y el ejército, y tienen desplegada por todo el país a una milicia dispuesta a todo. Enfrente, la oposición es muy débil. El reclamo internacional debiera exigir cumplimiento de los DDHH.

Ante el deterioro constante de la situación política y de derechos humanos en el país, nos sumamos a las organizaciones y plataformas nicaragüenses y latinoamericanas en defensa de la libertad de expresión, de reunión y asociación; así como el derecho a defender los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres, y solicitamos al gobierno nicaragüense:

• La liberación inmediata e incondicional de los posibles candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, los líderes opositores José Adán Aguerri, José Pallais, Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Granera, los líderes sandinistas ex general Hugo Torres, ex ministro Víctor Hugo Tinoco, ex ministra y comandanta sandinista Dora María Tellez, y todas las demás presas y presos políticos, así como garantizar el respeto por sus derechos humanos y derechos civiles y políticos.

(Cristiana, Pedro Joaquín, y Carlos Fernando Chamorro,-que fuera director de Barricada, y que tuvo que salir al exilio tras nueva arremetida policial a su casa- son hijos del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por Somoza y nombrado “Mártir de las Libertades Públicas).

• Cumplir con las recomendaciones de la comunidad internacional para la celebración de unos comicios con plenas garantías de derechos humanos en un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente sin injerencias o coacciones por parte de las autoridades actualmente en el gobierno.

• La liberación inmediata y el respeto a la integridad física de las destacadas feministas Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil Gurdián y Suyén Barahona.

• Derogar las leyes restrictivas, incluida la ley de regulación de agentes extranjeros y otras “leyes guillotina” que atentan contra la libertad de expresión y de manifestación pacífica y otros derechos fundamentales.

• Poner fin al hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de ddhh, y líderes sociales.

• Permitir la entrada de organismos internacionales y el retorno de los organismos nacionales de Derechos Humanos para hacer un seguimiento de la situación en el país.

• La liberación de las 130 personas privadas de libertad por el régimen (ver informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitido el 05.03.2021 que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

• Eliminar el estado policial en el que vive Nicaragua, ejecutado por la policía en coordinación con paramilitares, que día a día mantienen asediadas en sus casas a más de 150 familias y en estado de zozobra a las comunidades donde habitan.

• La supervisión internacional de las elecciones, además de acometer con urgencia las reformas electorales pactadas.

• Justicia para con los familiares de las más de 300 víctimas mortales del levantamiento cívico de abril 2018.

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