Masacre de Melilla. No olvidamos

Han pasado dos años, 720 días de impunidad sobre los responsables de la muerte de 37 personas y la desaparición de otras 77 den la valla de Melilla.

Nos sumamos al movimiento antirracista y de defensa de una migración segura para todos los seres humanos para decir que no olvidamos a ninguna de las 114 personas asesinadas y desaparecidas en Melilla y la responsabilidad que tiene el Estado español en este proceso.

El 24 de junio de 2022, unas 2000 personas migrantes intentaron cruzar la valla fronteriza que separa la ciudad de Nador y Melilla; venían de una larga ruta de desplazamiento forzado, expulsadas de sus territorios por la guerra, el expolio y las desigualdades norte-sur. La violenta represión ejercida contra ellas por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas convirtió el puesto fronterizo en una trampa mortal. Cientos de personas sometidas a la denegación de auxilio, a tratos crueles e inhumanos, un incumplimiento total de los Derechos Humanos fundamentales.

A lo largo de estos 2 años únicamente ha existido opacidad y versiones contradictorias por parte de los responsables de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y del Reino de Marruecos. Esta situación ha ido acompañada de la misma opacidad por parte de los responsables políticos del Gobierno y de las Instituciones de la Unión Europea en su conjunto lo que evidencia el racismo sistémico e institucional y la criminalización del derecho a migrar.

No olvidamos y nos sumamos a las exigencias de diversos colectivo vinculados a la defensa de los derechos de las personas migrantes.:

La depuración de responsabilidades políticas desde los decisores hasta los autores materiales.
La apertura de mecanismos de investigación independientes y efectivos que cumplan con la obligación del Estado español de perseguir hechos que puedan haber constituido delitos.
Poner a disposición inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de los restos de las víctimas mortales.
Expedición de visas para que las familias puedan venir a España y/o Marruecos para identificar a sus allegados.
La implementación efectiva de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas.
El fin de las expulsiones y devoluciones ilegales en todo el territorio español.
La erradicación de cualquier forma de discriminación racial en el acceso real y efectivo a la protección internacional.
Recursos suficientes, eficaces y descentralizados para las personas víctimas de persecución y vulneraciones de derechos humanos, así como la eliminación de cualquier barrera que impida acceder eficazmente a la Administración para solicitar asilo en el Estado español.
La eliminación de cualquier centro de privación de libertad de personas extranjeras como los Centros de Internamiento de Extranjeros.
La liberación de las personas encarceladas en Marruecos durante la devolución en caliente.
El fin del uso de material antidisturbios como herramienta de control fronterizo contra las personas migrantes.
La protección de la infancia migrante tanto en los controles fronterizos como en la acogida.
Que todos los intervinientes, autoridades políticas y administraciones responsables, tanto a nivel político como operativo, sean llevados ante la justicia. Esto incluye a las autoridades de ambos países que permitieron y ejecutaron la violenta represión.